Popularidad de Leonel es de 55% en su país, según encuesta CIMA

martes, 14 de octubre de 2008

Popularidad de Leonel es de 55% en su país, según encuesta CIMA

BOGOTÁ, Colombia.- El presidente Leonel Fernández alcanza un nivel de popularidad en el país del 55 por ciento, de acuerdo con una investigación difundida este martes por la encuestadora Consorcio Iberoamericana de Investigacioens de Mercado y Asesoramiento (CIMA). Fernández logró un 53.8 por ciento de los sufragios válidos en las elecciones presidenciales de mayo último.

Los presidentes de Colombia, Brasil, México y Uruguay encabezan la lista de los más populares en sus países, mientras al otro extremo se ubicaron el estadounidense George W. Bush y el nicaraguense Daniel Ortega, de acuerdo con una encuesta regional.

El sondeo fue realizado en 22 países de Latinoamérica, España y Portugal por firmas privadas encuestadoras reunidas en el Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Mercados y Asesoramiento (CIMA), con sede en Bogotá, que desde 1992 realiza anualmente la consulta sobre el desempeño de los mandatarios en la región, entre otros temas.

"El objeto de la encuesta es conocer los grupos de opinión pública de Latinoamérica, conocernos", dijo en entrevista telefónica Carlos Lemoine, presidente de la firma privada colombiana Centro Nacional de Consultoría, que promovió la iniciativa del sondeo regional desde los años 90 y que cada encuestadora realiza con recursos.

Con 12 mil 401 entrevistas telefónicas realizadas desde marzo hasta junio pasado y con un margen de error de 4 por ciento el sondeo llamado "Iberobarómetro del 2008", indicó que en 11 de 22 países, los presidentes registran porcentajes de aprobación superiores al 50 por ciento.

El nivel más alto lo tiene Colombia, con el 85 por ciento de aprobación para Alvaro Uribe, de acuerdo con la muestra, publicada el martes en el diario El Tiempo de la capital colombiana.

Le siguen en popularidad el mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, 67 por ciento, y el uruguayo Tabaré Vázquez, con el mismo porcentaje.

Un poco más abajo se ubicaron el presidente de México, Felipe Calderón, el ecuatoriano Rafael Correa y el costarricense Oscar Arias, los tres con 57; el boliviano Evo Morales, 56; Leonel Fernández, de República Dominicana, 55; el venezolano Hugo Chávez, 54; el español José Luis Rodríguez Zapatero y el hondureño Manuel Zelaya, ambos con 52 y José Sócrates Carvalho, de Portugal, con 40 por ciento.

Con porcentajes menores al 50 por ciento se ubicaron Elías Saca, de El Salvador, 49, seguido por las mandatarias de Argentina y Chile, Cristina Fernández y Michelle Bachelet, las dos con 44, y el de Guatemala, Alvaro Colom, 39.

El mandatario peruano Alan García se ubicó junto a Aníbal Acevedo, gobernador de Puerto Rico, con 35 por ciento.

El panameño Martín Torrijos mostró 32 por ciento y el nicaragüense Daniel Ortega 29.

En las últimas casillas se ubicaron el presidente Bush con 21 por ciento y el ahora ex mandatario paraguayo Nicanor Duarte , quien entregó la presidencia en agosto pasado a Fernando Lugo, con 9 por ciento.

"Las razones por las cuales los ciudadanos aprueban a sus gobernantes son distintas y los contextos varían de un país a otro. Por ejemplo, Evo Morales, Rafael Correa, y Hugo Chávez registran altos niveles de aprobación por motivos muy distintos a los de Alvaro Uribe", dijo la encuesta en su sitio de internet.

Destacó además la alta aprobación de algunos presidentes que "llevan varios años en el poder como el caso de Venezuela y Brasil o de países cuyos presidentes se encuentran en su segundo mandato: Colombia, Costa Rica y República Dominicana.

Este es un argumento que puede ser importante a la hora de explicar las tendencias reeleccionistas de los últimos años en Latinoamérica. Los ciudadanos están optando por la reelección para apoyar la continuidad de políticas macroeconómicas o de seguridad pública que han mostrado ser efectivas".

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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