La Advent Internacional adquiere 100% acciones de empresa AERODOM

martes, 9 de septiembre de 2008

La Advent Internacional adquiere 100% acciones de empresa AERODOM

SANTO DOMINGO.- Advent International, firma global de capital privado, adquirió el 100% de las acciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), grupo líder en República Dominicana y uno de los más grandes operadores de aeropuertos en Centro América y el Caribe, informaron este martes medios de prensa.

La compra fue realizada al Grupo Hazoury, Vancouver Airport Services y a otros inversionistas locales. Ni Advent ni el Grupo Hazoury dieron a conocer el monto de la transacción, pero Latin Finance, el pasado 29 de agosto, señaló que las negociaciones con Aerodom las manejó la filial mexicana de Advent International, y el monto estimado de compra era de 350 millones de dólares.

La adquisición es la primera transacción en República Dominicana y representa la décimo tercera inversión de Advent en el sector aeroportuario. Esta empresa ha establecido una nueva compañía, Latin American Airport Holdings, con el objetivo de consolidar sus intereses en Aerodom, así como su actual participación en otros negocios aeroportuarios, incluyendo la operación de ciertas terminales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La combinación de este grupo aeroportuario tendrá un valor conjunto de más de US$1,000 millones y servirá como plataforma para la adquisición de otras concesiones de aeropuertos en América Latina.

Aerodom cuenta con un contrato de concesión por 30 años con el Estado dominicano y la Comisión Aeroportuaria para el desarrollo, operación, explotación económica y manejo de seis aeropuertos en República Dominicana, incluyendo Las Américas en Santo Domingo, Gregorio Luperón en Puerto Plata, Presidente Juan Bosch en Samaná Joaquín Balaguer en La Isabela y María Montez en Barahona.

Más de cuatro millones de pasajeros o cerca de la mitad de los pasajeros de República Dominicana utilizaron los aeropuertos de Aerodom en el 2007. Distinto a la mayoría de los aeropuertos de América Latina que suelen ser altamente dependientes del tráfico turístico, Aerodom se beneficia de la diversidad de su base de pasajeros contando con pasajeros turísticos, étnicos, de negocios y domésticos.

“Aerodom es un líder de mercado en uno de los destinos del Caribe con mayor actividad tanto por número como por crecimiento de llegadas turísticas, étnicas y de negocio”, afirmó Luis Solórzano, director en las oficinas en México de Advent International.

La administración existente de Aerodom y su actual socio operativo, Vancouver Airport Services, continuarán con el manejo de la compañía, mientras que Advent fortalecerá el equipo con otros ejecutivos que han gestionado exitosamente otras empresas.

LA EMPRESA

Advent International es uno de los inversionistas de capital privado mejor establecidos y más exitosos en América Latina. Desde su entrada a la región en 1996, Advent ha invertido en 37 compañías con un valor combinado por encima de los US$8,000 millones. Durante los últimos tres años, Advent ha sido elegida la Firma de Private Equity del Año por la revista Private Equity International y por PrivateEquityOnline. com.

Fundada en 1984, Advent International es una de las firmas de capital privado líderes en el mundo, con oficinas en 15 países de cuatro continentes.

Punta de lanza en capital privado por más de dos décadas, Advent ha construido una incomparable plataforma mundial con más de 120 profesionales de inversión a nivel mundial.

La firma se enfoca en oportunidades de inversión internacionales, reestructuras estratégicas y oportunidades de crecimiento en diferentes sectores involucrándose en la generación de valor para sus compañías.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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martes, 9 de septiembre de 2008