Ejecutivo confirma y nombra funcionarios

miércoles, 3 de septiembre de 2008

Ejecutivo confirma y nombra funcionarios

El presidente Leonel Fernández realizó este martes nuevas designaciones de funcionarios y confirmó a otros, y condecoró con la Orden al Mérito Aéreo, en su Tercera Categoría con distintivo Blanco, al medallista de oro en boxeo en los juegos olímpicos de Beijing 2008 y segundo teniente, Félix Manuel Díaz Guzmán.

Con el decreto 443-08 fueron confirmados Arístides Fernández Zucco y Modesto Guzmán, presidente de la Comisión Nacional de Energía y director del Instituto Postal Dominicano, respectivamente.

Con el decreto 444-08, el Poder Ejecutivo confirmó en sus puestos a Hamlet Otáñez, director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Adalberto Rosa, director Ejecutivo del Instituto Nacional del Tabaco, Juan Isidro Pérez, Subdirector General de Migración, Mario Antonio Espinal, Subadministrador de la Lotería Nacional, Ramón Jiménez, Subdirector de los Comedores Económicos, y Félix Henríquez, Subdirector del Instituto Nacional del Tabaco.

Otros decretos confirman a Guarionex Domingo Castillo, Administrador de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, Juan Tatis, Subadministrador General de Bienes Nacionales, con asiento en Santiago, Roberto Durán, Subdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, en Santiago, Víctor Manuel Crispín, Subdirector del Departamento Nacional de Investigaciones, Octavio López, Director General de Minería, y Julio Santana León, Director de Normas y Sistemas de Calidad.

Como director Ejecutivo de la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio, fue confirmado Jhon R.Gagain, y el decreto 448-08 confirma a Carlos Dore Cabral, como director General de Información, Análisis y Programación Estratégica.

El decreto 450-08 contiene varias confirmaciones de funcionarios en sus cargos, en las áreas de deportes y educación. Carlos José Rijo Valdez y Enmanuel Trinidad Puello, Subsecretarios de Deportes, en el área universitaria, y con asiento en San Francisco de Macorís, respectivamente.

Mientras que Geraldo Mercedes Suero Correa y Heriberto Adolfo Morrison Fortunato, fueron confirmados como Subsecretarios de Deportes en las áreas administrativa y técnica.

Luis José Echavarría Gómez, subsecretario de Deportes, con asiento en Mao, y Manuel Adolfo Guerrero, subsecretario de Deportes, encargado de Deportes para Todos y Federados, y Mario Virgilio Álvarez Soto, confirmado como subsecretario de Deportes.

Otras confirmaciones son las de Ricardo Adolfo Jacobo Carty, Subsecretario de Deportes, con asiento en San Pedro de Macorís, Ramón Pérez, Subsecretario de Deportes, para Asuntos Escolares y Universitarios.

Nuevas designaciones

En tanto que las nuevas designaciones favorecen Wandel Y. Cuevas, Subsecretario de la Juventud, Encargado del Programa Mi Barrio Joven, Bienvenido Pérez, Lincoln López, Luis Liranzo, y Santiago Vargas, designados Director General de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, Director General de Bellas Artes, con asiento en Santiago, y vicepresidente del Consejo de Directores del Fondo Patrimonial para el Desarrollo, y Subadministrador de la Lotería Nacional, Encargado de la oficina de Santiago de los Caballeros, respectivamente.

En el Comisionado Nacional de Boxeo fue designado Porfirio Veras Mercedes, Laura Mercedes Vásquez, subsecretaria de Industria y Comercio, Patricia Abréu Fernández, Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Rosa María Hernández Liriano, Subsecretaria de Trabajo.

Como subdirector del Instituto Nacional de Aviación Civil, fue designado el señor José Antonio de los Santos Sánchez.

Con asiento en Santiago fueron designados Ramón García, Vicepresidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Francisco Hernández, Subdirector del Programa de Medicamentos Esenciales, Francisco Arias, Subdirector de la Defensa Civil, para la región Norte. Además, Félix Paulino, Subdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, y Radhamés García, Subsecretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

El decreto 449-08 nombra en el Instituto Nacional de la Uva, a Julio Ernesto Peña Montilla, y Félix Manuel Rosado Beltré, como subdirectores Técnico y Administrativo, respectivamente.

Reconocidas figuras del deporte dominicano como Rafael Antonio Sánchez, Subdirector de Deportes, para el área carcelaria, Junior Arias Noboa, Subsecretario de Deportes, encargado del Parni.

Otras subsecretarias de Deportes recayeron en las personas de Edgar Omar Ramírez Read, Juan Santiago Cabrera García, Julio Ávila, Luis López, para las provincias San Juan, Espaillat, La Altagracia, y La Vega, respectivamente.

Franklin Núñez y Genaro Franjul, Comisionado Nacional de Boxeo y Lucha, y Asesor del Poder Ejecutivo en el área de Boxeo y Lucha.

Juan Núñez y Ramón Danilo Bello Orozco, designados asesores deportivos del Poder Ejecutivo.

Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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miércoles, 3 de septiembre de 2008