Procuraduría llama a la JCE a resolver lío doble identidad

miércoles, 18 de marzo de 2009

Procuraduría llama a la JCE a resolver lío doble identidad

ADVIERTE QUE EL USO DE CÉDULAS FALSAS POR PARTE DE NARCOS AFECTA A LA JUSTICIA

Fraudes. La suplantación de identidades con la falsificación de cédulas y actas de nacimientos, se ha convertido en una práctica común en el país, con modalidades sofisticadas y causas delincuenciales.

SANTO DOMINGO.- El narcotráfico ha penetrado a las distintas instancias de la Junta Central Electoral (JCE), sobornando a sus empleados para que concedan varias cédulas a una misma persona. La denuncia la hizo el encargado de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República, Bolívar Sánchez, quien advirtió que esa situación está trayendo dificultades a la Justicia.

Según explicó, los traficantes y delincuentes están obteniendo múltiples cédulas de identidad y electoral que utilizan para poder salir del país sin ningún contratiempo y evadir las acciones judiciales, lo que, a su entender, pone en evidencia la debilidad y fragilidad de la JCE.

Ejemplos

Bolívar Sánchez puso como ejemplo el caso de uno de los implicados en el asesinato del ciudadano español Adolfo Arellano, conocido como “Waikiki”, a quien se le ocuparon tres documentos oficiales de identidad y electoral.

Explicó que Geovanny Antonio Padilla Santiago, portador de la cédula 056-0108481-6, tiene además la número 047-0209210-9 a nombre de Rumualdo Fernández, y la 001-1855069-8 emitidas a nombre de Margaro Morel Otáñez.

También señaló el caso de David Antonio Medina Nova, asesinado el 18 de septiembre del 2008, y que fue vinculado a la matanza de Paya, Baní, quien también tenía la cédula 223-0005180-6 a nombre de Víctor Solís Alcántara. “Tenemos interés en que la Junta tome nota en eso, pues cada vez que es detenido un delicuente de ese nivel siempre tiene una identidad obtenida de manera oficial”, enfatizó el funcionario del Ministerio Público. Cada año la JCE detecta cientos de casos que obligan a la cancelación de cédulas y de actas del registro civil.

Expedientes

Sólo en el 2008, el pleno de la JCE dispuso la cancelación de 989 cédulas, cuyos expedientes fueron conocidos por la Comisión de Inhabilitados y Cancelados del organismo. Las estadísticas muestran que las suplantaciones son frecuentes, ya que en el período 2003-2007, la Comisión de Inhabilitados y Cancelados recibió 2,472 casos.

Al detallar los expedientes por año, se observa un flujo variable, produciéndose una tendencia al incremento en algunos años, pero a una disminución en otros.

En el 2003, fueron recibidos 429 casos de suplantaciones, se elevó a 595 en el 2004 y a 616 en el 2005. Sin embargo, bajó a 514 en el 2006 y terminó con 318 en el 2007.

Lucha constante

El 3 de julio del pasado año, la JCE anunció el desmantelamiento de “una peligrosa banda” que operaba en varios municipios de la provincia Peravia, la cual desde hace años suplantó y falsificó actas de nacimiento y cédulas a favor de ciudadanos extranjeros.

La Cámara Administrativa informó que se descubrió la emisión irregular de 2,416 cédulas de identidad personal (cédula vieja) a extranjeros, expedidas desde el año 1994 hasta el 1997, luego de que estas cédulas fueran descontinuadas por la entrada en vigencia de la nueva.

Las cédulas falsas fueron otorgadas a 442 ciudadanos chinos, 331 italianos, 316 alemanes, 254 estadounidenses, 162 españoles, 133 cubanos, 93 colombianos, 82 haitianos y 77 a suizos, entre otras nacionalidades. En los libros donde se registraron se cambiaron los folios.

CASOS DE DIFICULTADES A LA HORA DE JUZGAR

Bolívar Sanchez recordó que el pleno de la Suprema Corte de Justicia tuvo que rechazar la solicitud de extradición del dominicano Máximo García Montero, reclamado por las autoridades de Estados Unidos, acusado de violar la ley de drogas de ese país y de confabulación para asesinar a una persona, al no poder comprobarse en el plenario que se trataba de la persona solicitada, José Antonio Villalongo, quien había sido apresado el 20 de mayo de 1995 y deportado el 31 de agosto de 1998.

Recientemente un hombre que logró sacar diez cédulas de identidad y electoral valiéndose de documentación falsa, fue sometido a la Justicia por estafa, falsificación de documentos y doble identidad en perjuicio de personas e instituciones bancarias. La Fiscalía del Distrito Nacional instrumentó un expediente criminal en contra de Juan Rafael Rodríguez, quien aparece con otros nueve nombres e igual número de cédulas de identidad. Contra este señor el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, el Scotiabank, el Banco Múltiple León y el BHD se constituyeron en parte civil.

Según la acusación de la Fiscalía, Rodríguez se hace llamar Luis Peralta, Juan Antonio Peña Díaz, Humberto Antonio Puello Peña, Gabriel Peña, Juan Gabriel Peña, José Gabriel Peña, José Peña Díaz, Leonardo Enrique Reyes Rosario y Ambiorix Antonio Peralta.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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