Senado destituyó ayer con la votación de 27 de sus 32 miembros al único integrante de la Cámara de Cuentas que no había renunciado, y aceptó la dimisión en medio de los debates del presidente del organismo fiscalizador, Andrés Terrero Alcántara, del secretario José Gregorio y de Julio de Beras. Tras la conclusión de los debates, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, aclaró que los miembros renunciantes y destituidos de la entidad fiscalizadora de las cuentas del Estado no serían sometidos a juicios penales, dado que las irregularidades que se les atribuyen son del orden administrativo.
Asimismo, el legislador pidió al presidente Leonel Fernández, como representante del Poder Ejecutivo, el sometimiento de la terna para escoger a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas.
En su mensaje al primer mandatario, Pared Pérez señala que “ya usted sabrá cuál fue el destino de la CC remitida por usted en el 2006, dado que ocho han renunciado y otro será destituido, por lo que pido que sea bastante diligente para que remita las ternas correspondientes para la elección de una nueva Cámara de Cuentas”.
Pared Pérez urgió al primer mandatario a tomar una decisión al respecto, bajo el alegato de que “su tardanza en enviar las ternas podría causarle daño a la nación por tener una CC acéfala”.
En cuanto a la falta de autenticidad que dieron algunos de los jueces destituidos al informe de la Cámara de Diputados, que basamentó el juicio político, Pared Pérez afirmó que la mayoría de las acusaciones estaban fundamentadas en testimonios y actas extraídas de los plenos que realizaron en la entidad.
Igualmente, se identificó con los demás senadores, en cuanto a la defensa de la integridad y profesionalidad de los integrantes del organismo fiscalizador, pero que se convirtió en una entidad inoperante.
Resaltó que “casi mensualmente había un problema a lo interno de la Cámara de Cuentas y como consecuencia de esos testimonios fue que la Cámara de Diputados apoderó al Senado, acertadamente”.
Al presentar su renuncia como presidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero Alcántara en medio del juicio político, explicó que tomó la decisión luego de que su honra, su nombre y su conducta profesional han quedado limpios frente a la nación.
Terrero Alcántara, en su carta de renuncia, dijo haber comprobado, al igual que los miembros del Senado, que no era de lugar propiciara una votación para destituir a los miembros de la Cámara de Cuentas.
La renuncia del magistrado fue entregada a Pared Pérez a la 1:50 de la tarde, minutos antes de que dimitieran ante el hemiciclo el secretario de la entidad José Altagracia Gregorio y Julio de Beras.
Posteriormente el Senado destituyó a Alcides Benjamín Decena Lugo, quien no renunció a su cargo como hicieron sus compañeros.
Senadores como Euclides Sánchez, Wilton Guerrero y Mario Torres, coincidieron en la necesidad de que los miembros de la Cámara de Cuentas renunciaran a sus cargos para dar paso a otras personas que desempeñaran esas funciones de manera más idónea.
Guerrero y Torres asumieron una posición más radical al considerar que había que destituir a los miembros de la CC de inmediato.
A los jueces no se les atribuyen acciones dolosas de manera individual, aunque de forma colectiva se les acusa de fallar a la nación, situación que los descalifica para ejercer esas funciones.
El senador Guerrero consideró que los jueces no tenían condiciones para seguir al frente de la Cámara de Cuentas, y enfatizó en que “no tienen asomo de ninguna condición para estar al frente de la CC. No hemos recogido pruebas de violación de tipo penal pero no tienen la más mínima condición de estar ahí”.
Mario Torres también pidió su destitución inmediata, pero dijo que si hubiese podido dar una amonestación menor se la habría dado a Andrés Terrero, pero reiteró que había que destituirlo.
Las renuncias de José Altagracia Gregorio y Julio de Beras se produjeron en medio de los debates, y fueron anunciadas por Pared Pérez, quien dijo que las cartas fueron depositadas a las 12:32 y a las 12.45 de la tarde de ayer.
Las acusaciones sobre acciones dolosas que en principio se atribuyeron a los jueces de la Cámara de Cuentas, fueron variadas posteriormente por irregularidades administrativas, que no ameritan que sean traducidos a los tribunales ordinarios.
En ese sentido, el senador Charlie Mariotti dijo que “está claro que no hay ningún tipo de indicios de responsabilidad penal. No hay prevaricación o dolo. Entendemos que esos magistrados en definitiva no tendrán que ser ni podrán ser sometidos a la justicia ordinaria en caso de que se produzca una destitución”.
En defensa de la probidad de los jueces se pronunció también la senadora Cristina Lizardo, quien aclaró que “nunca estuvo en juego la calidad ni la honradez de los miembros de la Cámara de Cuentas, pero han demostrado incapacidad para el trabajo en equipo”.
La renuncia o destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas se consideró como un hecho desde que se anunció que serían sometidos a un juicio político por legisladores que antes del proceso habían hecho pronunciamientos en ese sentido.
Antes del desenlace del juicio senadores del Partido Revolucionario Dominicano pidieron a sus colegas del Partido de la Liberación Dominicana que votaran por la destitución de los cuatro miembros de la Cámara de Cuentas sometidos a juicio político.
También Tommy Galán, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, resaltó el consenso reinante en el Senado, de que los miembros de la Cámara de Cuentas debían irse para sus casas.
Podría considerarse como “crónica de una muerte anunciada” el desmembramiento de la Cámara de Cuentas, luego que sus miembros se lanzaran acusaciones y contra acusaciones sobre supuestas acciones dolosas.
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