Gobierno y choferes acuerdan nuevos subsidios gasoil y GLP

viernes, 4 de julio de 2008

Gobierno y choferes acuerdan nuevos subsidios gasoil y GLP

SANTO DOMINGO.- El Gobierno acordó ayer con los representantes de las federaciones y sindicatos de transporte de pasajeros y de carga, ejecutar más de veinte medidas de compensación para reducir los costos operacionales del sector, que incluyen un nuevo subsidio al gasoil y al Gas Licuado del Petróleo (GLP) al congelar por seis meses los precios de estos carburantes para los transportistas de carga y pasajeros en RD$145 y RD$65 el galón, respectivamente.

Según el pacto, ambas partes compartirán al 50% los aumentos de RD$1.00 a RD$10.00 que se produzcan por encima del precio de RD$194.90, que es el precio del galón de gasoil en este momento, al igual que los aumentos del GLP que se produzcan por encima de RD$107.59, costo del galón de este combustible en la actualidad. Este subsidio será manejado por la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT) y la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), a través de los operadores de rutas registrados y organizados en estas instituciones gubernamentales.

Entre los veinte puntos del acuerdo, las organizaciones y sindicatos del transporte solo se comprometieron a no introducir de manera unilateral aumentos de tarifas o pasajes, independientemente de futuros aumentos de los precios de los combustibles. El acuerdo fue firmado anoche en el Palacio Nacional, en presencia del presidente Leonel Fernández, por los presidentes de 12 federaciones de transporte y ocho funcionarios gubernamentales.

El gobierno, además, se comprometió a crear un fondo especializado de RD$100 millones para atender eventuales contingencias en el servicio del transporte terrestre, que será manejado por el Fondo para el Desarrollo del Transporte (FONDET) y a ejecutar una nueva política de transporte elaborada por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), que debe ser asumida por el nuevo gobierno que se instalará el próximo 16 de agosto.

Asimismo, el Gobierno someterá al Congreso un proyecto de reforma y modernización de las leyes de tránsito y de transporte terrestre, que ya ha sido preparado por la OPRET y que incluye la creación de una Secretaría de Estado de Transporte, que regirá todo lo relacionado al sistema.

Los firmantes

Se creará una Escuela Nacional de Conductores de Transporte Público y de Formación Empresarial de Operadores del Transporte, y se ejecutará un programa piloto del subsidio del 50% del pasaje para estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).Las autoridades se comprometen a realizar un censo de choferes y sus familias, a fin de incluirlos en los programas de seguridad social. Para reducir sus gastos operacionales, a los transportistas se les facilitará exenciones de impuestos a vehículos, gomas, lubricantes, repuestos, y se creará un programa de sustitución de la flota de vehículos de carga por nuevas unidades y se les cobrará un impuesto único a quienes compren autobuses y mibuses nuevos para sustituir los viejos.

También incluye planes de reorganización de los transportistas firmantes del acuerdo para rutas alimentadoras del Metro de Santo Domingo, que empezará trabajar para fin de este año. Entre los firmantes figuran Juan Hubieres, de Fenatrano; Ramón Pérez Figuereo, de CNTU; Ricardo de los Santos, de FENATRADO; Manuel Ramírez, de CONATRA; Michael Marriot, de MOCHOTRAN; Juan Sarmiento, de FENATRAPEGO; Anastacio González, UNATRAFIN; Wilson Marte, ASETRAN; Juan Marte, CNTT; Oscar de Jesús Francisco, FENTRACON, y Antonio Brito, CONSETRAN.

Además Diandino Peña, director de la OPRET; Melanio Paredes, secretario de Industria y Comercio; Vicente Bengoa, secretario de Hacienda; Ignacio Ditrén, director de la OMSA; Franklin Beltré Cabral, director de la OTTT; Milciades Pérez Polanco, director del FONDET; Latiff Miguel Mafoud, director de la AMET, y Cristóbal Cardoza, director del FONDET.

LAS RAZONES
El director de la OPRET, Diandino Peña, aseguró que dada la crisis de los combustibles, el gobierno entendió que la ocasión era propicia para el establecimiento de un diálogo con el sector transporte.

“El gobierno inició hace dos semanas un proceso de reiniciación de la mesa del diálogo y esto en ocasión de las consecuencias que ha tenido en el ambiente público los reiterativos aumento de los costos de los carburantes”, precisó.Peña habló tras firmar el acuerdo con los representantes del sector transporte público. Resaltó que es un pacto sin precedentes y que fue consensuado gracias a la disposición mostrada por el gobierno y los transportistas, lo que contribuirá a enfrentar temporalmente la crisis.

“El acuerdo tuvo como finalidad principal lograr que los efectos de las alzas en los precios de los combustibles no fuesen trasladado a la ciudadanía”, indicó Peña. En cambio, que los transportistas Juan Hubieres, de Fenatrano, dijo que en la reunión con el presidente Fernández sólo se trató el tema del referido acuerdo.Mientras que Ramón Pérez Figuereo, de la CNTU, anunció que conversó con el mandatario para ver si el mes que viene es inaugurada la primera planta de expendio de gas natural en la autopista Las Américas.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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