La sesión de la Cámara de Diputados en la que se conocerá el caso de la Cámara de Cuentas estaba convocada para este mediodía.
Declaró que esta mañana se reunieron los miembros de las bancadas de los partidos con representación en esa cámara y determinaron que había que buscar una solución radical al problema de la Cámara de Cuentas.
Sostuvo que ese organismo ha perdido su credibilidad ante la sociedad, debido a las rebatiñas internas, y que corresponde a los diputados dar un ejemplo al país impidiendo que las instituciones encargadas de fiscalizar las finanzas públicas se envuelvan en actos de corrupción.
Recientemente siete de los ocho miembros de la Cámara de Cuentas acusaron al presidente del organismo, licenciado Andrés Terrero, de manejar de manera inadecuada esa institución.
También los magistrados se quejaron de la lentitud con la que se manejan las auditorías realizadas.
El diputado Quiñones reveló que el bloque de diputados del PLD decidió retirar la resolución que procuraba la interpelación de los jueces de la Cámara de Cuentas y decidieron aprobar el juicio político.
Para hacer un juicio político contra cualquier funcionario público es necesario que la moción cuente con el respaldo de las ¾ parte de los miembros de la cámara, lo que equivale al voto favorable de 143 legisladores.
En tanto el Senado sólo podrá aprobar la destitución de un funcionario con el voto favorable de las ¾ parte de sus miembros, que sería 24 senadores.
En caso de que la situación amerita sanciones penales corresponde al Ministerio Público presentar el caso ante los tribunales.
La Cámara de Cuentas la integran además de Terrero, quien la preside, los licenciados Henry Mejía Oviedo, José Gregorio, Julio de Beras, Alcides Decena Lugo, José Maceo, Freddy Almonte y Luis Yépez Suncar. El pasado domingo los magistrados acusaron al presidente del organismo de ocultar “irregularidades” detectadas en instituciones del Estado, incluido el Programa de Subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Los jueces revelaron que el pasado 23 de mayo le informaron al magistrado Terrero de los problemas detectados, pero que éste no actuó en consecuencia.
También acusan al presidente del organismo de suscribir contratos con terceros a espalda del Pleno, así como de sostener reuniones secretas con auditores privados.
El lunes los miembros de la Cámara de Cuentas, incluyendo al licenciado Terrero, enviaron a los medios de comunicación un comunicado en el que aseguraban que subsanaron las diferencias internas.
En el documento de dos párrafos explicaron que la decisión de dejar las diferencias fue acatando una sugerencia de monseñor Benito Angeles, quien había sugerido terminar con el conflicto.
En los corrillos de la Cámara de Diputados se consideraba un hecho que sus miembros recomendarán al Senado la destitución de los miembros del organismo encargado de auditar las instituciones oficiales.
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